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La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias de investigación penal sobre una presunta trama de irregularidades continuadas en la adjudicación de contratos y la concesión de multimillonarios préstamos públicos por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria a favor de la tecnológica Indra y de la compañía Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Las pesquisas, iniciadas a comienzos de 2026 tras una exhaustiva denuncia particular y confirmadas este lunes 16 de noviembre por fuentes jurídicas, ponen bajo la lupa judicial la canalización de más de 6.000 millones de euros —el 84% de los fondos vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF)— hacia este binomio empresarial o consorcios dominados por ellos. El expediente, que encomendó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) informes periciales sobre los contratos, indaga presuntos delitos de fraude en la contratación pública, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia que originó las actuaciones no describe un hecho aislado, sino lo que califica de «patrón estructural continuado» consolidado desde 2020. Dicho mecanismo habría aprovechado la aceleración del gasto militar para concentrar la práctica totalidad de los grandes programas de armamento de las Fuerzas Armadas en torno a una arquitectura corporativa compartida entre ambas firmas. ### El escudo de la 'seguridad esencial' y la elusión de la libre competencia El primer eje de la investigación examina los procedimientos administrativos empleados por Defensa para adjudicar estos programas. Según consta en las actuaciones, la mayor parte de las licitaciones millonarias se tramitaron mediante procedimientos negociados sin publicidad o con una concurrencia sumamente restringida. Para sortear los concursos públicos ordinarios, la Administración recurrió sistemáticamente a la cláusula de excepción prevista en la normativa comunitaria que faculta a los Estados miembros a eludir las reglas de publicidad y competencia cuando se hallen en juego los «intereses esenciales» de su seguridad. La investigación pericial analiza si esta excepción fue convertida en una vía permanente para adjudicar contratos sin alternativa de mercado. Entre los proyectos más gravosos figuran el vehículo blindado 8x8 Dragón —adjudicado en 2020 por unos 2.100 millones de euros a TESS Defence, consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA—, los programas de artillería autopropulsada que superan los 3.000 millones, y el sistema lanzacohetes SILAM, concedido inicialmente en 2023 por 576 millones a una alianza de Escribano con Rheinmetall Expal antes de su anulación en 2025. Los denunciantes destacan la ausencia de justificaciones técnicas documentadas que motiven por qué otros fabricantes nacionales o europeos no podían concurrir en igualdad de condiciones. ### La banca pública de Industria: créditos al 0%, sin avales y con blindaje de riesgos El segundo pilar bajo investigación judicial atañe a la compleja ingeniería financiera diseñada para sostener los proyectos años antes de que el armamento sea entregado. Debido a los prolongados plazos de desarrollo militar, Industria funcionó en la práctica como una entidad crediticia pública privilegiada mediante reales decretos de concesión directa. En octubre de 2025, el BOE publicó tres reales decretos que liberaron 6.890 millones de euros en préstamos blandos para 18 programas de modernización. De ese total, un 94,5% (6.515 millones de euros) recayó exclusivamente en Indra en solitario (2.000 millones más 178 millones para drones), en uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Indra y Escribano (3.169 millones), o en consorcios liderados por la tecnológica como TESS Defence (788 millones) y su alianza con Telefónica (380 millones). En contraste, fabricantes históricos del sector como Santa Bárbara Sistemas (176 millones), UROVESA (132 millones) o la alianza Cipherbit-Epicom (67 millones) quedaron relegados a un testimonial 5,4%. Las cláusulas de estos créditos públicos han desatado una pugna judicial que ya llegó al Tribunal Supremo tras ser recurridas por competidores excluidos. Los préstamos se otorgaron a un tipo de interés fijo del 0% y con una exención generalizada de presentar avales o garantías bancarias. Asimismo, las normas permitieron a los adjudicatarios percibir adelantos multimillonarios antes incluso de firmar los contratos definitivos con Defensa, estipulando que si el contrato decaía, solo debían devolver el principal sin abonar intereses de demora. Además, los decretos liberaron a los adjudicatarios de las restricciones ordinarias de la Ley General de Subvenciones en materia de subcontratación, permitiéndoles delegar fases clave sin los controles habituales. ### Expansión meteórica, compras cruzadas y conflicto de interés en el Ibex El trasfondo corporativo que examina Anticorrupción coincide con una notable mutación del tejido empresarial español. La firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a superar los 355 millones en 2024, mientras su volumen de contratación pública pasó de menos de 10 millones antes de 2020 a rebasar los 700 millones. Este salto se produjo en paralelo a la irrupción de Escribano en el capital de Indra —donde la SEPI ostenta el 28%—. La compañía madrileña escaló hasta controlar el 14,3% de los títulos, culminando a comienzos de 2025 con la designación de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra. Aunque la tensión institucional motivó su posterior salida de la presidencia ejecutiva, la denuncia remitida a la Fiscalía sostiene que la coincidencia de contratista privado principal, accionista de referencia y gestor de la cotizada estratégica configuró un «conflicto de interés estructural» que vició la neutralidad en la asignación de recursos públicos. ### Laberinto procesal e impacto en la gobernanza de la defensa nacional El recorrido judicial del caso refleja su extraordinaria complejidad. Tras recibir el primer informe de la Intervención General en abril de 2026, Anticorrupción sondeó remitir los hechos al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investigaba la venta de respiradores al Ingesa en pandemia. No obstante, el magistrado instructor rechazó acumular la causa al considerar que las adjudicaciones militares constituían un marco fáctico autónomo. Con las diligencias devueltas a la Fiscalía, los investigadores aguardan ahora un segundo dictamen pericial de la IGAE que audite cada una de las licitaciones cuestionadas. En vísperas de las elecciones generales del 29-N y en pleno debate europeo sobre el rearme, la investigación de Anticorrupción trasciende el plano penal: abre una profunda brecha sobre la fiscalización del gasto militar en España y exige delimitar la frontera entre el impulso a un campeón industrial nacional y el desbordamiento de las garantías de transparencia y libre concurrencia. ### Fuentes consultadas - [ABC](https://www.abc.es/espana/anticorrupcion-investiga-adjudicaciones-defensa-indra-escribano-6000-20261116182446-nt.html) - [El Independiente](https://www.elindependiente.com/espana/2026/11/16/anticorrupcion-investiga-irregularidades-contratos-defensa-por-mas-6-000-millones-euros-lunes/) - [Onda Cero](https://www.ondacero.es/noticias/espana/anticorrupcion-investiga-contratos-defensa-mas-6000-millones-que-habrian-beneficiado-indra-escribano_202611166afaca1fea8d897997870362.html) ~Espana ~Defensa ~Indra ~Anticorrupcion ~Tribunales
Anticorrupción investiga adjudicaciones de Defensa a Indra y Escribano por más de 6.000 millones: el laberinto de créditos al 0% y presunto fraude en rearme
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