El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha concluido el sumario y remitido a la Audiencia Provincial la investigación sobre la mayor brecha de seguridad interna sufrida por los servicios secretos españoles en más de una década. El procedimiento sienta en el banquillo a quien fuera jefe del área de Rusia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a un segundo agente operativo, en lo que constituye el segundo juicio por delito de traición instruido contra miembros del espionaje en la historia democrática de España. El único precedente judicial data de 2010, cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena a nueve años de prisión a Roberto Flórez, el exagente del CESID y del CNI que intentó vender información clasificada a Rusia. En esta ocasión, sin embargo, el seísmo institucional reviste una gravedad geopolítica inédita: la potencia beneficiaria de la filtración no fue un adversario tradicional, sino el principal socio militar de España en la OTAN: los Estados Unidos.
El procesado principal, identificado en la causa como agente 7691, de 58 años, ocupaba una posición estratégica en la sede central del CNI. Capitán de fragata de la Armada —equivalente a teniente coronel del Ejército de Tierra— y con más de 30 años de servicio en 'La Casa', dirigía el área de Rusia con 24 analistas y funcionarios a su cargo en plena guerra de Ucrania. Las pesquisas judiciales y policiales sitúan el origen de su captación en los contactos forjados durante su destino ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York y, singularmente, durante una excedencia laboral concedida durante la pandemia de covid-19, periodo en el que prestó asesoría a una firma privada de seguridad estadounidense. Fuentes de la investigación sostienen que en ese entorno fue tanteado por oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), estableciendo una colaboración encubierta que el imputado niega tajantemente, aduciendo que cualquier contacto con personal exterior fue meramente casual y sin entrega de información.
El asunto provocó en otoño de 2023 un grave choque diplomático que el Gobierno gestionó bajo estricto sigilo para no comprometer las relaciones transatlánticas. Tras confirmarse las primeras pruebas periciales de contrainteligencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, convocó de urgencia a la entonces embajadora de Estados Unidos en Madrid, Julissa Reynoso, para exigir explicaciones por una acción calificada de hostil entre países aliados. El episodio derivó en la discreta y fulminante expulsión de España de al menos dos oficiales de la CIA destinados bajo cobertura diplomática en la embajada norteamericana de la calle Serrano, formalizando una de las crisis soterradas más agudas entre Madrid y Washington en materia de seguridad.
La alarma interna saltó gracias a los controles de trazabilidad telemática introducidos en el CNI tras el caso Flórez. El sistema de compartimentación estanca —ideado para evitar accesos cruzados entre departamentos— detectó que el segundo procesado, un agente operativo centrado en fuentes de Oriente Medio, realizaba consultas sistemáticas sobre expedientes ajenos a sus competencias. La auditoría reveló que actuaba en connivencia con el jefe de la división de Rusia, quien a su vez estaba descargando copias digitales de dosieres reservados. En los registros domiciliarios y el volcado de dispositivos informáticos, la Policía cuantificó en 288 los archivos clasificados extraídos ilegalmente del centro de inteligencia.
El impacto sobre la seguridad del Estado fue catalogado de devastador por los propios servicios de inteligencia. En un informe remitido por la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, el organismo dependiente de Defensa concluyó que se había perdido «todo el trabajo de años sobre determinados objetivos informativos» de contrainteligencia y que la fuga comprometió la identidad de fuentes humanas confidenciales (HUMINT), situando a varios colaboradores en «peligro de la vida». Entre los archivos sustraídos figuran identidades de informantes, organigramas y esquemas de despliegue exterior, claves operativas, redes de conexión de diplomáticos rusos y análisis de inteligencia sobre la Unión Europea, la OTAN, China, Venezuela, Centroamérica, Marruecos y el Estrecho de Gibraltar. Según los investigadores, la meta de la inteligencia estadounidense no era solo monitorizar la posición española sobre la guerra en el este de Europa, sino disponer de un topo al más alto nivel con capacidad para desviar consultas hacia cualquier tema de interés coyuntural para Washington.
Frente a la gravedad de las imputaciones, las defensas de ambos agentes esgrimen argumentos técnicos para desarticular el tipo penal de traición tipificado en el artículo 584 del Código Penal, que castiga con penas de seis a doce años de prisión a quien procure a una potencia extranjera datos reservados que perjudiquen la seguridad nacional. El letrado del agente 7691 sostiene que ninguno de los 288 ficheros tenía la categoría de «secreto» o «reservado» según la Ley de Secretos Oficiales de 1968, sino clasificaciones inferiores de «confidencial» o «difusión limitada». Asimismo, la defensa aportó evidencias de la existencia de grupos cotidianos de WhatsApp entre agentes operativos donde se compartían minutas y documentos de trabajo, alegando que la posesión de dichos materiales respondía a prácticas informales generalizadas en la rutina laboral. A ello se suma la ausencia de rastro financiero: la Policía no ha localizado transferencias, cuentas opacas ni pagos de servicios extranjeros. El único indicio patrimonial señalado por la Fiscalía fue la compra conjunta de una vivienda en el estado brasileño de Ceará, calificada por los acusados como una simple inversión y por el fiscal como una plataforma de riesgo de fuga.
La conclusión del sumario por el Juzgado de Instrucción número 7 abre la fase en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán formalizar sus escritos de acusación por traición y revelación de secretos de la Defensa Nacional. Más allá del desenlace penal o de eventuales acuerdos de conformidad, el caso exhibe una grieta de confianza sin precedentes entre los aparatos de inteligencia de Madrid y Washington. En un contexto geopolítico de alta tensión donde España refuerza su papel en el flanco sur de la OTAN, el juicio en la Audiencia de Madrid obligará a 'La Casa' a ventilar en sede judicial la solidez de sus protocolos internos y el control sobre sus secretos más sensibles.
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