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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles 18 de noviembre la declaración formal de vacante en el cargo de Defensor del Pueblo tras expirar el mandato de cinco años de Ángel Gabilondo Pujol, abriendo una etapa de interinidad institucional que coincidirá de lleno con la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y la posterior constitución de las Cortes. De acuerdo con la [Resolución de 17 de noviembre de 2026](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-24124) de la Presidencia del Congreso de los Diputados (BOE núm. 287), el cese se produce por el vencimiento del plazo legal de cinco años desde que Gabilondo fuera designado el 16 de noviembre de 2021 y tomara posesión dos días después. En aplicación del artículo 5.4 de la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo, mientras las Cámaras no elijan a un nuevo titular, las competencias recaen interinamente, por su orden, en los adjuntos de la institución—lo que sitúa desde hoy al frente a la hasta ahora adjunta primera, **Teresa Jiménez-Becerril**. ### Un relevo reglado por ley y un vacío parlamentario inevitable La salida de Gabilondo llega tras una legislatura especialmente exigente para el Alto Comisionado de las Cortes Generales. El exministro y catedrático accedió al cargo en noviembre de 2021 gracias al pacto de renovación institucional sellado entre el PSOE y el Partido Popular, que permitió alcanzar la mayoría cualificada de **tres quintos** que exige la legislación para nombrar al titular, tal como recuerdan [ABC](https://www.abc.es/espana/angel-gabilondo-cesa-hoy-mandato-defensor-pueblo-20261118085158-nt.html) y la [Agencia EFE](https://efe.com/espana/2026-11-18/boe-publica-vacante-defensor-del-pueblo/). El calendario político, sin embargo, impide una sucesión ordinaria inmediata. Con el Parlamento disuelto ante la convocatoria electoral del 29-N, resulta jurídicamente imposible abrir ahora la tramitación parlamentaria y reunir los tres quintos del Congreso y del Senado que requiere el relevo definitivo. Días antes de concluir su mandato, Gabilondo fue recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela como cierre protocolario de un quinquenio en el que la institución entregó su Informe Anual 2025, impulsó trabajos monográficos sobre infancia migrante y firmó junto al Gobierno y la Iglesia católica el protocolo para activar el sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales. ### El perfil de Teresa Jiménez-Becerril y los retos de la interinidad Nacida en Sevilla, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, la nueva defensora en funciones aporta una dilatada trayectoria política e institucional: fue eurodiputada por el Partido Popular entre 2009 y 2019 y diputada en el Congreso por Sevilla desde 2019 hasta su designación como adjunta primera en 2021 dentro del mismo acuerdo bipartidista que encumbró a Gabilondo. Aunque la Ley Orgánica 3/1981 garantiza la continuidad administrativa y de tramitación de quejas ciudadanas mediante la sustitución automática por la adjuntía primera, la experiencia española demuestra que las interinidades en el Defensor del Pueblo pueden prolongarse durante meses —o incluso años— si el nuevo arco parlamentario tras el 29-N queda fragmentado. No en vano, la figura del Defensor exige consensos transversales amplios para legitimar su función de control frente a todas las administraciones públicas. Hasta que el próximo Congreso y Senado encuentren esa mayoría de tres quintos, Jiménez-Becerril deberá sostener la independencia y el impulso diario de una institución clave en materia de derechos fundamentales, sanidad, vivienda, migraciones y transparencia administrativa, en un contexto político altamente polarizado que pondrá a prueba el equilibrio entre la gestión técnica interina y la negociación futura de los partidos. ### Fuentes consultadas - [Boletín Oficial del Estado — BOE-A-2026-24124 (España — Documento oficial)](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-24124) - [ABC (España)](https://www.abc.es/espana/angel-gabilondo-cesa-hoy-mandato-defensor-pueblo-20261118085158-nt.html) - [Agencia EFE (España)](https://efe.com/espana/2026-11-18/boe-publica-vacante-defensor-del-pueblo/) ~España ~Instituciones ~DefensorDelPueblo ~BOE ~Política
El BOE oficializa el cese de Ángel Gabilondo tras cinco años y Teresa Jiménez-Becerril asume el Defensor del Pueblo en funciones
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Los documentos confidenciales del consorcio periodístico internacional *Inside Deutsche Bank* han destapado el historial de cumplimiento normativo del banco húngaro MKB —entidad adquirida en 2017 por aliados del primer ministro Viktor Orbán y fusionada en 2023 en MBH Bank, prestamista habitual de Vox en España y de Marine Le Pen en Francia—. Según las actas internas filtradas de la entidad alemana, el banco de Budapest actuó entre 2017 y 2020 como pieza central de un circuito financiero que movió al menos 1.700 millones de euros a través de sociedades pantalla vinculadas al oligarca ruso del aluminio Oleg Deripaska. La revelación, publicada simultáneamente este miércoles por [elDiario.es](https://www.eldiario.es/internacional/banco-hungria-lazos-orban-financiacion-vox-presto-servicio-supuesta-red-blanqueo-rusa_1_13671600.html) en España y por [Direkt36 en Telex](https://telex.hu/direkt36/2026/11/18/gyanus-penzmozgasok-es-az-orban-kapcsolat-az-mkb-bank-titkos-valsaganak-belso-tortenete) en Hungría dentro de la investigación global sobre 15 millones de archivos internos de Deutsche Bank ([post #9490](https://www.mushimu.com/post/9490)), reconstruye cómo una red bautizada internamente como *Project Wingman* utilizó la banca corresponsal europea para sortear controles tras las sanciones estadounidenses impuestas a Deripaska en abril de 2018. ### Project Wingman: 15 sociedades pantalla y una crisis secreta en Budapest A comienzos de 2019, tras el estallido del escándalo Danske Bank, los auditores de delitos financieros de Deutsche Bank empezaron a rastrear pagos corresponsales entre Europa del Este, Hong Kong, Chipre y el Caribe. Sus análisis identificaron 15 empresas nucleares con estructuras societarias opacas que formaban lo que la propia entidad alemana calificó internamente de red de blanqueo «viva» y «en crecimiento». Cinco de esas sociedades —entre ellas las hongkonesas Dempshire Corporation, Versala y Sanderlyn— mantenían cuentas directas en el MKB Bank húngaro pese a carecer de actividad real en Hungría, canalizando al menos 460 millones de euros según los registros de Direkt36. En paralelo, la fiscalía de Fráncfort confirmó al consorcio que Commerzbank notificó otras 51.719 operaciones vinculadas a *Wingman* por valor de 678 millones de euros entre 2017 y la primavera de 2020, el 80 % de ellas procedentes de firmas registradas fuera de Hungría. Los investigadores periodísticos lograron conectar varias de estas sociedades pantalla —especialmente Dempshire y Yingli Trading— con el entorno empresarial de Rusal y de Deripaska. Sus transferencias sufragaron desde el alquiler de jets privados y propiedades de lujo en Europa hasta la reforma del Hotel Aurelio en los Alpes austriacos y pagos a firmas en Austria, según detalla [Der Standard](https://www.derstandard.at/story/3000000348869/geldwaesche-netzwerk-um-oligarch-deripaska-soll-privatjets-und-heli-fluege-in-oesterreich-bezahlt-haben), además de operaciones previas vinculadas a campañas de influencia política en Albania documentadas por [Follow the Money](https://www.ftm.eu/articles/albania-conservative-party-trump-kremlin-deripaska). Rusal alegó ante el consorcio que Deripaska cedió el control mayoritario del grupo en 2019 tras un pacto con la oficina estadounidense OFAC, mientras que MKB aseguró entonces a Deutsche Bank estar depurando su cartera *offshore*, algo que los volúmenes reales de pagos desmintieron hasta bien entrado 2020. La ruptura llegó el 8 de mayo de 2020, cuando Deutsche Bank comunicó a MKB la cancelación en 30 días de sus servicios de corresponsalía en euros y dólares canadienses en Fráncfort. Según exdirectivos citados por Direkt36, la carta desató el pánico en Budapest ante el riesgo de bloqueo inmediato de pagos internacionales; el propio Deutsche advirtió el 5 de junio al regulador alemán BaFin de que un corte abrupto dejaría a MKB sin liquidez en cuestión de días, por lo que prorrogó la desconexión hasta el 6 de octubre de 2020, dando margen a la entidad húngara para firmar un nuevo acuerdo corresponsal con el grupo neerlandés ING. Cuando la fiscalía de Fráncfort intentó trasladar las pesquisas penales a Hungría, las autoridades húngaras rechazaron asumir la competencia y el expediente alemán terminó archivado. ### Qué explica el salto de MKB a los créditos políticos en Europa El trasfondo político de la entidad ayuda a entender por qué sus vínculos desbordan la mera crónica bancaria. En 2017, MKB pasó a manos de empresarios próximos a Viktor Orbán, encabezados por el multimillonario Lőrinc Mészáros, hasta el punto de que analistas internos de Deutsche Bank dejaron escrito en un informe de 2018 que el banco estaba «controlado prácticamente por el Gobierno húngaro». Pese a haber roto la corresponsalía en 2020, la división comercial de Deutsche Bank llegó a estudiar en 2021 retomar negocios con la entidad resultante de la fusión que en 2023 alumbró MBH Bank, considerando «manejables» los riesgos reputacionales. Ese mismo eje financiero se convirtió en proveedor de crédito para partidos de la derecha soberanista europea ante la negativa de la banca doméstica a financiar sus campañas. En 2022, MKB prestó 10,7 millones de euros a la candidatura presidencial de Marine Le Pen en Francia; entre 2023 y 2024, ya bajo la marca MBH, concedió al menos tres créditos a Vox por un total de 16,1 millones de euros: 6,5 millones para las generales de 2023, 2,6 millones para las municipales de ese año y otros 7 millones para las europeas de 2024. ### La línea divisoria en España: archivo penal pero fricción fiscalizadora Conviene separar con rigor los planos documental y judicial en España. La Fiscalía Anticorrupción archivó en 2025 la denuncia interpuesta por el PSOE por presunta financiación ilegal al constatar que Vox había amortizado íntegramente los préstamos con sus intereses, descartando así que constituyeran donaciones encubiertas. Sin embargo, en el plano administrativo, el Tribunal de Cuentas señaló que MBH incumplió la obligación de remitir información bajo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y advirtió de la opacidad sobre la participación directa o indirecta del Estado húngaro en el banco, dado que la ley española prohíbe cualquier financiación procedente de gobiernos, organismos o empresas públicas extranjeras. A menos de dos semanas de las elecciones del 29-N —y sumándose al impacto nacional de [las filtraciones sobre la sede madrileña de Deutsche Bank y CESCE](https://www.mushimu.com/post/9425)—, los archivos de *Project Wingman* no prueban irregularidades penales en los créditos concedidos a Vox, pero reavivan el debate sobre la trazabilidad del crédito extranjero que sostiene a los partidos españoles y sobre las grietas de la supervisión financiera europea frente a bancos estrechamente ligados al poder político. ### Fuentes consultadas - [elDiario.es (España — Consorcio Inside Deutsche Bank)](https://www.eldiario.es/internacional/banco-hungria-lazos-orban-financiacion-vox-presto-servicio-supuesta-red-blanqueo-rusa_1_13671600.html) - [Telex / Direkt36 (Hungría — Investigación protagonista)](https://telex.hu/direkt36/2026/11/18/gyanus-penzmozgasok-es-az-orban-kapcsolat-az-mkb-bank-titkos-valsaganak-belso-tortenete) - [Der Standard (Austria)](https://www.derstandard.at/story/3000000348869/geldwaesche-netzwerk-um-oligarch-deripaska-soll-privatjets-und-heli-fluege-in-oesterreich-bezahlt-haben) - [Follow the Money (Países Bajos)](https://www.ftm.eu/articles/albania-conservative-party-trump-kremlin-deripaska) ~España ~Vox ~Banca ~Corrupción ~Política
El banco húngaro que financió a Vox operó en su etapa previa flujos de una red rusa de 1.700 millones ligada a Deripaska
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A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el estreno en unas urnas estatales de la aplicación oficial MiDNI ha quedado pendiente de un examen técnico de máxima exigencia en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó este martes 17 de noviembre una providencia en la que otorga al Gobierno un plazo improrrogable de dos días para certificar «bajo su responsabilidad» si los 61.603 dispositivos móviles contratados para verificar el DNI digital en las mesas electorales han superado todos los controles exigidos por la normativa española de ciberseguridad. El requerimiento judicial va dirigido de forma directa al Abogado del Estado y a la directora general de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior. Los magistrados no se conforman con una mera declaración formal de conformidad: en el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, el Ejecutivo deberá remitir de inmediato toda la documentación técnica justificativa que acredite las comprobaciones realizadas. El Alto Tribunal sitúa así la lupa sobre el cumplimiento estricto del artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y obliga a verificar, auditar y documentar la integridad de los sistemas de información empleados por las administraciones públicas antes de su puesta en producción. ### De la suspensión de la JEC al contrato de emergencia de siete millones La controversia sobre el uso del documento nacional de identidad en formato móvil arrastra meses de idas y venidas administrativas. Aunque la aplicación MiDNI permite generar códigos QR temporales con la fotografía y los datos esenciales del titular, su aceptación en los colegios electorales tropezó inicialmente con el escepticismo técnico ante la ausencia de lectores homogéneos en las mesas. La propia Junta Electoral Central (JEC) había mantenido suspendida la identificación mediante credenciales digitales por falta de garantías operativas de comprobación presencial, un veto que todavía sigue vigente para el carné de conducir digital en la aplicación miDGT. El giro se produjo el pasado 5 de noviembre. Según recogen [La Vanguardia](https://www.lavanguardia.com/politica/20261117/11686724/gobierno-da-dos-dias-gobierno-certifique-votar-dni-electronico-seguro.html) y [ABC](https://www.abc.es/espana/supremo-exige-gobierno-certifique-seguridad-voto-digital-20261117174414-nt.html), la JEC levantó la suspensión de MiDNI para el 29-N únicamente después de que el Ministerio del Interior confirmara por escrito que todas las mesas electorales contarían con terminales dotados de cámara, navegador y acceso al verificador oficial de códigos QR de la web de MiDNI. Para hacer viable ese despliegue en tiempo récord antes de la cita electoral, Interior adjudicó por procedimiento de emergencia un contrato valorado en 7.000.455 euros a Telefónica Defensa y Seguridad destinado al alquiler de 61.603 teléfonos lectores. Fue precisamente ese salto —de la suspensión preventiva a un despliegue masivo contratado por vía de urgencia— el que llevó al partido extraparlamentario Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo reclamando la suspensión cautelar del sistema. Aunque la Sala rechazó en primera instancia la medida «cautelarísima» solicitada sin escuchar a la Administración, ha mantenido abierto el incidente cautelar ordinario y exige ahora pruebas documentales antes de decidir si frena o avala la identificación digital en plena recta final de una campaña ya marcada por otros frentes judiciales, como [las causas abiertas en torno al 29-N](https://www.mushimu.com/post/9373). ### Qué examinan los jueces bajo el Esquema Nacional de Seguridad La insistencia del Supremo en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022 revela que el núcleo del debate ha dejado de ser meramente político para convertirse en una cuestión de arquitectura de seguridad y derecho administrativo. La JEC, en cuanto órgano de administración electoral, aceptó el compromiso operativo de Interior bajo el principio de confianza interinstitucional; sin embargo, el control jurisdiccional del Alto Tribunal exige acreditar que el hardware alquilado y la cadena de verificación cumplen los requisitos de autenticación, confidencialidad, trazabilidad y resiliencia exigibles a una infraestructura crítica durante una jornada electoral. Desplegar más de 61.600 teléfonos en colegios de toda España —desde grandes capitales hasta pequeños municipios con cobertura desigual— plantea interrogantes técnicos concretos que la documentación de Política Interior deberá despejar en 48 horas. Entre ellos figuran si los terminales operan bajo políticas estrictas de gestión de dispositivos móviles (MDM) que impidan instalar software ajeno o almacenar capturas de los códigos QR de los votantes, qué ocurre con la disponibilidad del verificador web en caso de saturación o caída de red el domingo electoral y qué auditorías independientes se ejecutaron entre la adjudicación de emergencia y el envío a las delegaciones del Gobierno. Desde [El Mundo](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/17/6afc8148e85ece1c778b4584.html), Pardo defendió que la providencia respalda la exigencia de «transparencia y seguridad jurídica» en una contratación de siete millones de euros vinculada directamente a la acreditación de la identidad en las urnas. El Ministerio del Interior sostiene por su parte que la verificación se realiza exclusivamente mediante la lectura oficial en tiempo real de un código temporal cifrado y que el despliegue responde al mandato de facilitar el ejercicio del derecho al voto con todas las herramientas legales disponibles. ### Tres escenarios a diez días de abrir los colegios El vencimiento del plazo de dos días abre tres vías inmediatas antes del 29 de noviembre. Si la Dirección General de Política Interior presenta certificaciones completas de conformidad con el ENS y las pruebas de carga y bastionado de los terminales de Telefónica Defensa y Seguridad convencen a la Sala, el Supremo desestimará las medidas cautelares y MiDNI debutará en unas generales junto al documento físico tradicional. Si, por el contrario, los informes resultan insuficientes o revelan lagunas de certificación pendientes, los magistrados podrían suspender cautelarmente el uso electoral de MiDNI a escasos días de la votación, un revés operativo que obligaría a la JEC e Interior a comunicar con urgencia a millones de electores que solo serán válidos el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir tradicional. Incluso si el sistema supera el filtro judicial, el episodio deja un precedente relevante sobre los límites de la contratación de emergencia en tecnología electoral: la digitalización de trámites cotidianos no exime a la Administración de demostrar con papeles y auditorías previas que cada eslabón técnico resiste el escrutinio constitucional. ### Fuentes consultadas - [El Mundo (España)](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/17/6afc8148e85ece1c778b4584.html) - [La Vanguardia (España)](https://www.lavanguardia.com/politica/20261117/11686724/gobierno-da-dos-dias-gobierno-certifique-votar-dni-electronico-seguro.html) - [ABC (España)](https://www.abc.es/espana/supremo-exige-gobierno-certifique-seguridad-voto-digital-20261117174414-nt.html) ~España ~Elecciones29N ~TribunalSupremo ~DNIdigital ~Política
El Tribunal Supremo da dos días al Gobierno para acreditar la seguridad del voto con DNI digital ante el 29-N
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A apenas doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un doble paquete retributivo que impactará directamente en más de cinco millones de asalariados en España a partir de enero de 2027. El real decreto impulsado por el Ejecutivo eleva el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un **5,3 %**, desde los 1.221 hasta los **1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas** (18.004 euros brutos al año o 1.500 euros en 12 mensualidades), mientras que un decreto ley paralelo fija una subida salarial del **4,5 % para los más de tres millones de empleados públicos**. El paquete se completa con una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), anunciada por la portavoz Elma Saiz, que incrementa un **8 %** las bases de compensación económica de los abogados del turno de oficio—su tercer alza en dos años, con un acumulado del 16,6 % que alcanza hasta el 80 % en causas penales de especial complejidad—. Sin embargo, más allá del anuncio electoral, las cifras aprobadas abren un debate económico de calado sobre la compresión de las escalas salariales, el choque con la patronal y la presión inflacionaria derivada del encarecimiento energético. ### Cómo queda la nómina, los contratos temporales y la exención en el IRPF En el plano práctico, el incremento del SMI añade 65 euros brutos al mes por paga (910 euros anuales) a unos 2,5 millones de trabajadores, con especial incidencia en mujeres y jóvenes. El texto fija además suelos específicos para los contratos de duración determinada de hasta 120 días en una misma empresa, que percibirán un mínimo de **60,88 euros por jornada legal** (incluidos domingos, festivos y pagas extraordinarias), y para las empleadas de hogar externas por horas, cuya retribución mínima sube a **10,06 euros por hora efectivamente trabajada**, siempre íntegramente en dinero sin descuentos por salario en especie. Uno de los puntos más sensibles de la reforma reside en su encaje fiscal. Según detalló este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, los perceptores del SMI en 2027 **no sufrirán retenciones del IRPF en sus nóminas** por primera vez desde que la senda de subidas acercó la base mínima al primer tramo tributario. Para el ejercicio 2026 que se liquidará en la campaña de la Renta de 2027, el diseño fiscal contempla una deducción de **590,89 euros anuales** para rendimientos íntegros iguales o inferiores al SMI de 2026 (17.094 euros), que decrece de forma progresiva multiplicando por 0,2 el exceso hasta extinguirse en los **20.048,45 euros anuales**, evitando el llamado «error de salto» sobre los sueldos inmediatamente superiores. Sobre la nómina bruta seguirán aplicándose las cotizaciones sociales ordinarias: contingencias comunes (4,70 %), desempleo (1,55 % en indefinidos y 1,60 % en temporales) y un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ascenderá al 0,17 % en 2027. ### Por qué el Gobierno desborda a sus propios expertos a doce días del 29-N La decisión política destaca por rebasar dos referencias técnicas clave: la inflación interanual acumulada hasta octubre (4,3 %) y la recomendación de la propia comisión asesora del Ministerio de Trabajo (+4,9 %). El salto del 5,3 % profundiza la estrategia del Ejecutivo de utilizar las rentas mínimas y públicas como eje central de campaña frente a propuestas alternativas de la izquierda, como el [blindaje salarial automático con el IPC defendido por Ada Colau](https://www.mushimu.com/post/9475), y tras la tensión social evidenciada en la [huelga general del 11-N](https://www.mushimu.com/post/9331). En paralelo, el alza del **4,5 % para los funcionarios** da cumplimiento al acuerdo plurianual suscrito en noviembre de 2025 con CCOO, UGT y CSIF, que incorpora una cláusula adicional del 0,5 % si la evolución final del IPC supera la previsión oficial. Tanto RTVE como EFE subrayan que el repunte de los carburantes desde febrero, espoleado por la inestabilidad en Oriente Medio, amenaza con erosionar rápidamente ese margen real de poder adquisitivo si la inflación energética persiste en 2027. ### Tensión con CEOE, quejas sindicales y el aviso sobre los convenios La aritmética del decreto no ha dejado plenamente satisfecha a ninguna de las partes del diálogo social. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusó al Ministerio de Trabajo de haber «informado» en lugar de «consultado» al empresariado y enmarcó la aprobación en la recta final hacia las urnas del 29-N, prolongando un divorcio patronal que dura desde 2020. En el extremo opuesto, CCOO y UGT valoraron el avance pero insistieron en que el suelo debería haber subido un 7 % y lamentaron que no se haya modificado el Estatuto de los Trabajadores para impedir que las empresas absorban y compensen la subida del SMI recortando pluses de antigüedad o nocturnidad. Mientras España se consolida con los datos de Eurostat como el octavo país de los 22 de la UE con salario mínimo legal (por detrás de referentes como Luxemburgo con 2.771 euros en 12 pagas, aunque todavía lejos de cubrir el coste de la vida en grandes capitales), el informe de la propia comisión de expertos advierte de un efecto colateral estructural: tras acumular un alza cercana al **75 % en ocho años**, una proporción creciente de trabajadores cualificados ha quedado comprimida en una franja salarial muy estrecha pegada al mínimo legal, hasta el punto de que **alrededor del 40 % de los convenios colectivos analizados mantienen sus tablas base por debajo del nuevo SMI**. Sin una reforma paralela de la negociación colectiva que destense los tramos intermedios, el próximo Parlamento heredará el reto de evitar que el salario mínimo siga actuando de facto como salario mediano en amplios sectores de servicios. ### Fuentes consultadas - [RTVE Noticias (España)](https://www.rtve.es/noticias/20261117/consejo-ministros-aprueba-subida-salario-minimo-sueldo-funcionarios-2027/17317730.shtml) - [Agencia EFE (España)](https://efe.com/economia/2026-11-17/gobierno-espana-aprueba-subida-salarial-45-para-mas-3-millones-empleados-publicos/) - [Europa Press (España)](https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salario-minimo-2027-asi-queda-nomina-quien-afecta-tributa-compara-otros-paises-20261117102828.html) - [El País (España)](https://elpais.com/economia/2026-11-17/el-gobierno-aprueba-subir-el-salario-minimo-un-53-y-el-sueldo-de-los-funcionarios-un-45.html) ~Spain ~Economía ~SMI ~Funcionarios ~Política
El Gobierno aprueba subir el SMI un 5,3 % hasta los 1.286 euros y eleva un 4,5 % el sueldo de los funcionarios para 2027
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