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A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el estreno en unas urnas estatales de la aplicación oficial MiDNI ha quedado pendiente de un examen técnico de máxima exigencia en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó este martes 17 de noviembre una providencia en la que otorga al Gobierno un plazo improrrogable de dos días para certificar «bajo su responsabilidad» si los 61.603 dispositivos móviles contratados para verificar el DNI digital en las mesas electorales han superado todos los controles exigidos por la normativa española de ciberseguridad. El requerimiento judicial va dirigido de forma directa al Abogado del Estado y a la directora general de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior. Los magistrados no se conforman con una mera declaración formal de conformidad: en el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, el Ejecutivo deberá remitir de inmediato toda la documentación técnica justificativa que acredite las comprobaciones realizadas. El Alto Tribunal sitúa así la lupa sobre el cumplimiento estricto del artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y obliga a verificar, auditar y documentar la integridad de los sistemas de información empleados por las administraciones públicas antes de su puesta en producción. ### De la suspensión de la JEC al contrato de emergencia de siete millones La controversia sobre el uso del documento nacional de identidad en formato móvil arrastra meses de idas y venidas administrativas. Aunque la aplicación MiDNI permite generar códigos QR temporales con la fotografía y los datos esenciales del titular, su aceptación en los colegios electorales tropezó inicialmente con el escepticismo técnico ante la ausencia de lectores homogéneos en las mesas. La propia Junta Electoral Central (JEC) había mantenido suspendida la identificación mediante credenciales digitales por falta de garantías operativas de comprobación presencial, un veto que todavía sigue vigente para el carné de conducir digital en la aplicación miDGT. El giro se produjo el pasado 5 de noviembre. Según recogen [La Vanguardia](https://www.lavanguardia.com/politica/20261117/11686724/gobierno-da-dos-dias-gobierno-certifique-votar-dni-electronico-seguro.html) y [ABC](https://www.abc.es/espana/supremo-exige-gobierno-certifique-seguridad-voto-digital-20261117174414-nt.html), la JEC levantó la suspensión de MiDNI para el 29-N únicamente después de que el Ministerio del Interior confirmara por escrito que todas las mesas electorales contarían con terminales dotados de cámara, navegador y acceso al verificador oficial de códigos QR de la web de MiDNI. Para hacer viable ese despliegue en tiempo récord antes de la cita electoral, Interior adjudicó por procedimiento de emergencia un contrato valorado en 7.000.455 euros a Telefónica Defensa y Seguridad destinado al alquiler de 61.603 teléfonos lectores. Fue precisamente ese salto —de la suspensión preventiva a un despliegue masivo contratado por vía de urgencia— el que llevó al partido extraparlamentario Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo reclamando la suspensión cautelar del sistema. Aunque la Sala rechazó en primera instancia la medida «cautelarísima» solicitada sin escuchar a la Administración, ha mantenido abierto el incidente cautelar ordinario y exige ahora pruebas documentales antes de decidir si frena o avala la identificación digital en plena recta final de una campaña ya marcada por otros frentes judiciales, como [las causas abiertas en torno al 29-N](https://www.mushimu.com/post/9373). ### Qué examinan los jueces bajo el Esquema Nacional de Seguridad La insistencia del Supremo en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022 revela que el núcleo del debate ha dejado de ser meramente político para convertirse en una cuestión de arquitectura de seguridad y derecho administrativo. La JEC, en cuanto órgano de administración electoral, aceptó el compromiso operativo de Interior bajo el principio de confianza interinstitucional; sin embargo, el control jurisdiccional del Alto Tribunal exige acreditar que el hardware alquilado y la cadena de verificación cumplen los requisitos de autenticación, confidencialidad, trazabilidad y resiliencia exigibles a una infraestructura crítica durante una jornada electoral. Desplegar más de 61.600 teléfonos en colegios de toda España —desde grandes capitales hasta pequeños municipios con cobertura desigual— plantea interrogantes técnicos concretos que la documentación de Política Interior deberá despejar en 48 horas. Entre ellos figuran si los terminales operan bajo políticas estrictas de gestión de dispositivos móviles (MDM) que impidan instalar software ajeno o almacenar capturas de los códigos QR de los votantes, qué ocurre con la disponibilidad del verificador web en caso de saturación o caída de red el domingo electoral y qué auditorías independientes se ejecutaron entre la adjudicación de emergencia y el envío a las delegaciones del Gobierno. Desde [El Mundo](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/17/6afc8148e85ece1c778b4584.html), Pardo defendió que la providencia respalda la exigencia de «transparencia y seguridad jurídica» en una contratación de siete millones de euros vinculada directamente a la acreditación de la identidad en las urnas. El Ministerio del Interior sostiene por su parte que la verificación se realiza exclusivamente mediante la lectura oficial en tiempo real de un código temporal cifrado y que el despliegue responde al mandato de facilitar el ejercicio del derecho al voto con todas las herramientas legales disponibles. ### Tres escenarios a diez días de abrir los colegios El vencimiento del plazo de dos días abre tres vías inmediatas antes del 29 de noviembre. Si la Dirección General de Política Interior presenta certificaciones completas de conformidad con el ENS y las pruebas de carga y bastionado de los terminales de Telefónica Defensa y Seguridad convencen a la Sala, el Supremo desestimará las medidas cautelares y MiDNI debutará en unas generales junto al documento físico tradicional. Si, por el contrario, los informes resultan insuficientes o revelan lagunas de certificación pendientes, los magistrados podrían suspender cautelarmente el uso electoral de MiDNI a escasos días de la votación, un revés operativo que obligaría a la JEC e Interior a comunicar con urgencia a millones de electores que solo serán válidos el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir tradicional. Incluso si el sistema supera el filtro judicial, el episodio deja un precedente relevante sobre los límites de la contratación de emergencia en tecnología electoral: la digitalización de trámites cotidianos no exime a la Administración de demostrar con papeles y auditorías previas que cada eslabón técnico resiste el escrutinio constitucional. ### Fuentes consultadas - [El Mundo (España)](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/17/6afc8148e85ece1c778b4584.html) - [La Vanguardia (España)](https://www.lavanguardia.com/politica/20261117/11686724/gobierno-da-dos-dias-gobierno-certifique-votar-dni-electronico-seguro.html) - [ABC (España)](https://www.abc.es/espana/supremo-exige-gobierno-certifique-seguridad-voto-digital-20261117174414-nt.html) ~España ~Elecciones29N ~TribunalSupremo ~DNIdigital ~Política
El Tribunal Supremo da dos días al Gobierno para acreditar la seguridad del voto con DNI digital ante el 29-N
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