En una atmósfera de máxima tensión institucional, todavía impregnada por el eco de la masiva huelga general que colapsó el centro de las principales capitales españolas y a escasas horas del pistoletazo de salida oficial de la campaña electoral para las generales del 29-N, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha resuelto con un resultado agridulce y polarizado la convalidación de los dos decretos leyes de urgencia en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. La sesión, desarrollada en la sala Constitucional bajo el formato reducido que rige los periodos de disolución parlamentaria, escenificó una fractura política de enormes proporciones que trasciende la aritmética parlamentaria para situar el conflicto habitacional en el epicentro de la batalla por las urnas.
El primer decreto-ley, bautizado simbólicamente por los colectivos sociales como el «decreto Maricarmen» en memoria de la anciana cuyo desahucio y posterior fallecimiento prendió la mecha de las acampadas urbanas, logró superar la votación in extremis por 35 votos a favor y 34 en contra. El bloque progresista —integrado por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el BNG y Podemos— hizo valer su ajustada ventaja numérica en este órgano de continuidad para blindar la norma frente al voto en contra en bloque articulado por el Partido Popular, Vox, UPN y Junts. La convalidación asegura la vigencia inmediata de un paquete de intervención estructural sin precedentes recientes: se extiende la suspensión cautelar de los desahucios de familias y personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, una paralización que adquiere carácter automático cuando la parte demandante sea un gran tenedor corporativo o un fondo de inversión.
Asimismo, la normativa introduce una figura jurídica inédita: la «enervación extraordinaria». Mediante este mecanismo, cuando un hogar vulnerable afronte una orden de desalojo por impago de rentas y los servicios sociales no logren facilitar un realojo adecuado en el plazo de dos meses, la Administración pública estará legalmente obligada a subrogarse como deudora y asumir el abono directo de las cantidades impagadas, impidiendo el lanzamiento y manteniendo vivo el contrato de arrendamiento. Para estrangular las prácticas predatorias en el mercado secundario de deuda, el decreto prohíbe taxativamente a los fondos buitre y carteras corporativas la adquisición de activos residenciales con descuentos superiores al 30% sobre el valor tasado de mercado (umbral mínimo del 70%), cerrando la puerta a la compra masiva a precio de derribo de inmuebles hipotecados.
En el régimen ordinario de arrendamientos urbanos, los contratos de vivienda habitual que expiren antes del 31 de diciembre de 2028 disfrutarán de una prórroga extraordinaria potestativa de dos años a instancia del inquilino. Durante este periodo, las actualizaciones de renta quedan topadas por ley a un máximo del 2% anual —quedando congeladas al 0% si la renta supera los índices de referencia de precios en zonas de mercado residencial tensionado—. Según las estimaciones expuestas en tribuna por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, esta prórroga supondrá un alivio medio de 4.341 euros anuales por hogar para cerca de cinco millones de arrendatarios. Para atajar las vías de elusión que habían vaciado de eficacia la legislación precedente, se endurece de forma draconiana el alquiler de temporada y por habitaciones: ambos deberán acreditar documentalmente una causa real y temporal de desplazamiento profesional, académico o sanitario; de no aportarse, el contrato mutará automáticamente a arrendamiento de vivienda habitual sujeto a todos los límites de precios y duración. Además, la suma de las rentas cobradas por cada habitación no podrá superar en ningún caso el importe máximo fijado para la vivienda en su conjunto.
La jornada, sin embargo, dejó un amargo sabor de boca en las filas gubernamentales tras el descarrilamiento del segundo decreto-ley, concebido para consagrar los contratos de arrendamiento indefinidos y fijar indemnizaciones obligatorias para los inquilinos en caso de que el propietario pretendiera recuperar el inmueble. La iniciativa decayó por 34 votos afirmativos frente a 35 negativos tras consumarse el desmarque del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuya portavoz, Maribel Vaquero, alineó sus votos con el bloque de la derecha conservadora. Los jeltzales justificaron su rechazo apelando a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y alertaron de que una regulación que imponga la perpetuidad obligatoria del arrendamiento terminaría por asfixiar la oferta de pequeños propietarios y expulsar del mercado formal miles de viviendas.
El debate parlamentario derivó con rapidez en un áspero choque dialéctico salpicado de reproches electorales y cuentas pendientes. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, protagonizó uno de los instantes más tensos de la sesión al encararse con el diputado de Junts Josep Maria Cruset, a quien reprochó votar codo con codo junto a Vox y al PP contra las demandas de la calle. Rufián llegó a restregar un billete de cincuenta euros sobre la mesa del escaño de Cruset asegurando que esa era «su auténtica estelada», a lo que el dirigente posconvergente replicó calificando los decretos del Ejecutivo de «estafa política y operación electoralista» destinada a sembrar miseria.
La confrontación dialéctica se reprodujo en otros frentes: el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, recurrió al recuerdo del presidente conservador Eduardo Dato para evidenciar que ya a comienzos del siglo XX la derecha comprendía la necesidad de intervenir contra la especulación inmobiliaria, provocando la réplica de Carlos Hernández Quero (Vox), quien rememoró con crudeza el magnicidio de Dato en la plaza de la Independencia en 1921. Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy y el representante del Partido Popular Sergio Sayas mantuvieron un agrio enfrentamiento donde salieron a relucir acusaciones de transfuguismo antidemocrático frente a descalificaciones de negligencia y autoritarismo hacia el Ejecutivo.
En el flanco izquierdo de la coalición, las fisuras tampoco pasaron desapercibidas. Tanto Ione Belarra (Podemos) como Verónica Martínez Barbero (Sumar) aprovecharon sus turnos de palabra para afear con dureza la actuación del Ministerio del Interior y reclamar la dimisión de Fernando Grande-Marlaska a cuenta de las cargas policiales y el empleo de gases lacrimógenos en las concentraciones del miércoles, obligando a Marlaska a comprometer una investigación interna reservada. En el cierre de filas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reivindicó el salto presupuestario experimentado por su departamento —que ha escalado desde los 500 millones de euros iniciales de la legislatura hasta superar los 14.000 millones— y llamó a la movilización ciudadana ante las urnas. Con la mitad de la reforma social a salvo y el modelo estructural de alquiler indefinido neutralizado, el conflicto de la vivienda queda definitivamente instalado como el gran eje vertebrador que definirá la gobernabilidad de España en las elecciones del 29 de noviembre.
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