El Tribunal de Cuentas ha dado un paso de calado institucional al apreciar indicios fundados de menoscabo de fondos públicos en la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid del polémico ático de Chamberí por 6,3 millones de euros (6,7 millones de euros al computar la carga impositiva). Mediante un auto dictado este jueves y notificado formalmente a las partes el viernes 13 de noviembre de 2026, la consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento, Rosario María Álvarez, desestimó las pretensiones de archivo formuladas por el Ejecutivo autonómico y ordenó la designación de un delegado instructor con plenas atribuciones procesales para investigar a fondo una operación que califica de «carente por completo de justificación legal».
El auto judicial, que cuenta con el respaldo preceptivo del dictamen de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, unifica las siete denuncias acumuladas presentadas por formaciones políticas de la oposición y colectivos de la acusación popular tras el estallido del caso a finales de julio. El nombramiento del instructor activa formalmente las diligencias previas de comprobación contable: el órgano fiscalizador requerirá expedientes administrativos íntegros a las consejerías autonómicas y a la empresa pública Planifica Madrid Proyectos y Servicios S.A., tomará declaración en calidad de testigos e investigados a los responsables técnicos y políticos que autorizaron la transacción y encomendará tasaciones periciales independientes para fijar el desfase entre el valor real de mercado del activo y el desembolso ejecutado por el erario madrileño.
La fundamentación jurídica del auto desgrana cuatro vicios e inconsistencias estructurales en la adquisición que desmontan las justificaciones ofrecidas hasta la fecha por la administración autonómica. En primer lugar, la consejera resalta que el objeto social y estatutario de Planifica Madrid limita taxativamente la compra de bienes inmuebles a aquellos destinados de forma directa a un «uso administrativo» de los servicios públicos regionales. En segundo lugar, el inmueble se ubica en un edificio de naturaleza estrictamente residencial en el distrito de Chamberí, careciendo de la distribución arquitectónica, la accesibilidad y la idoneidad material exigible para dependencias abiertas a la ciudadanía o despachos oficiales. En tercer lugar, la instrucción pone el foco en las contradicciones documentales internas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, cuyo informe justificativo de oportunidad de julio reconoció de manera explícita que en los motivos de adquisición primaban fines de carácter residencial.
La cuarta anomalía, de especial trascendencia económica para delimitar el alcance del perjuicio contable, apunta al presunto sobreprecio abonado y a la falta de absorción del activo por el mercado inmobiliario privado. Tras destaparse la operación en el debate público, la Comunidad de Madrid intentó desprenderse del inmueble colocándolo a la venta por 6,7 millones de euros —el importe exacto de compra incrementado con los gravámenes impositivos sufragados con fondos públicos—. Sin embargo, el auto subraya que el hecho de que la vivienda permanezca en el mercado sin comprador meses después constituye un indicio revelador de que «el mercado no ha absorbido el precio de venta fijado», lo que evidencia que la hacienda autonómica desembolsó una cuantía muy superior al valor real, consolidando un menoscabo patrimonial efectivo.
Frente a estas imputaciones, los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico remitieron un escrito de alegaciones de 28 páginas solicitando el archivo de la causa por inexistencia de daño económico directo. La defensa de la Comunidad sostuvo que cualquier quebranto derivado de una hipotética enajenación del piso a un precio inferior al coste original representaba un escenario meramente «potencial, contingente, hipotético y futuro» que no colmaba los requisitos de la responsabilidad contable. No obstante, la resolución judicial rechaza este argumento exculpatorio y subraya que la presunta desviación de fondos en una adquisición sin encaje estatutario exige el esclarecimiento inmediato del destino del dinero. La administración madrileña dispone de un plazo de cinco días hábiles para presentar recurso de reposición ante la propia consejera, si bien el trámite no cuenta con efectos suspensivos sobre la designación del instructor.
La causa en el Tribunal de Cuentas discurre de manera paralela a la investigación penal abierta en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, amplificando el frente judicial sobre la gestión de la Puerta del Sol. La oposición parlamentaria en la Asamblea de Madrid ha reaccionado con dureza ante la resolución: Más Madrid ha calificado la operación de «uso partidista de las instituciones y muy probablemente un delito», mientras que el PSOE ha incidido en la gravedad de comprometer casi siete millones de euros públicos en plena crisis de acceso a la vivienda. Por su parte, la acusación particular representada por el letrado Javier Flores ha anunciado que solicitará al nuevo instructor la paralización cautelar de la venta del inmueble para asegurar las pruebas periciales, anticipando un goteo informativo constante a las puertas de la campaña electoral autonómica.
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