A tres semanas exactas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre de 2026, convocadas tras el colapso parlamentario y la disolución de las Cortes Generales en octubre ([post #8768](https://www.mushimu.com/post/8768)), el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha roto el hermetismo sobre la arquitectura de su hipotético Ejecutivo en una reveladora entrevista publicada este domingo 8 de noviembre por el diario *El País*. Con las encuestas situando al Partido Popular en cabeza pero condicionado inexorablemente a la suma de escaños con Vox para alcanzar la mayoría absoluta, Feijóo ha admitido con crudeza pragmática que «hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de mí», supeditando la entrada de ministros de Santiago Abascal al veredicto estricto de las urnas y descartando de forma tajante acudir a Ferraz a solicitar la abstención de los socialistas: «¿Al PSOE de Sánchez? Mi grado de ingenuidad, a mi edad y con mi experiencia, no me lo permite». El líder de los populares, que ya gobierna en coalición con la formación ultraderechista en cuatro comunidades autónomas, perfila así su hoja de ruta institucional mientras Pedro Sánchez articula la absorción de los restos del espacio progresista bajo el paraguas del Frente Amplio.
En el plano de la negociación programática, Feijóo ha detallado los límites infranqueables que su formación impondría a cualquier acuerdo de investidura o gabinete conjunto. En primer lugar, el dirigente gallego ha subrayado que el PP defenderá el Estado de las autonomías y rechazará con rotundidad cualquier tentativa de recentralización institucional que pretenda laminar las competencias autonómicas, marcando una nítida distancia frente al ideario fundacional de Vox. No obstante, Feijóo ha matizado que su gabinete reforzará la «presencia política y del Estado» en Cataluña, el País Vasco y Navarra para revertir lo que califica de repliegue institucional durante los últimos tres años de mandato socialista. Respecto a la exigencia de Vox de implantar una doctrina de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, Feijóo ha reinterpretado el concepto despojándolo de sesgo nacionalista y ligándolo estrictamente al arraigo administrativo: «La prioridad nacional se basa en el arraigo, no en la nacionalidad, y en el respeto a la Constitución y a los tratados europeos. No se puede acordar nada fuera de la legalidad vigente». En este sentido, ha defendido vincular las prestaciones públicas al tiempo de empadronamiento y residencia legal, preservando al mismo tiempo la atención sanitaria universal de urgencia y emergencia vital para migrantes en situación irregular.
Frente a las especulaciones sobre un eventual reparto de carteras de primer orden, Feijóo ha desvelado que en sus conversaciones privadas con Santiago Abascal el dirigente ultraderechista «jamás ha hablado de vicepresidencias ni de ministerios de Estado como Interior, Exteriores o Defensa», remitiendo cualquier deliberación sobre el organigrama ministerial al escenario postelectoral del 30 de noviembre. Asimismo, el candidato popular ha querido desmarcarse del marco discursivo de Vox en materia de derechos civiles y políticas de igualdad. Mientras la extrema derecha insiste en utilizar el término «violencia intrafamiliar» para diluir la tutela institucional hacia las mujeres maltratadas, Feijóo ha sido categórico al reivindicar la expresión «violencia machista», argumentando que la lacra de los asesinatos a manos de parejas y exparejas exige firmeza de Estado, si bien ha cargado duramente contra el balance del Ministerio de Igualdad por los fallos de las pulseras telemáticas y las consecuencias penales de la derogada ley del *solo sí es sí*. En el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, ha acotado su reforma exclusivamente a restablecer el deber de comunicación paterna en las menores de 16 y 17 años («hablo de conocimiento, no de consentimiento»), garantizando la prestación pública y el respaldo económico a la maternidad.
Uno de los pronunciamientos con mayor repercusión económica inmediata es el anuncio formal de Feijóo de que derogará de forma inmediata los reales decretos-leyes de contención del alquiler aprobados de urgencia por el Consejo de Ministros saliente. Esta declaración de intenciones aterriza a escasos cuatro días de que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, convocada para este 12 de noviembre ([post #9288](https://www.mushimu.com/post/9288)), someta a convalidación el Real Decreto-ley 28/2026 y el Real Decreto-ley 29/2026 en un clima de alta tensión social preludiado por la huelga general del 11-N ([post #8903](https://www.mushimu.com/post/8903)). Feijóo ha sostenido que las prórrogas forzosas de contratos y la moratoria de desahucios no han hecho más que estrangular la oferta y expulsar inmuebles del mercado residencial tradicional: «Los decretos perjudican tanto a los inquilinos como a los propietarios. Se está reduciendo el número de viviendas en alquiler en toda España». En materia de pensiones, y ante las alarmas de la AIReF y el Ministerio de Economía sobre la presión demográfica, Feijóo se ha comprometido a revalorizar las prestaciones conforme al IPC, respaldando el horizonte de jubilación legal a los 67 años e instando a una revisión urgente en el seno del Pacto de Toledo con agentes sociales.
En el terreno judicial e institucional, Feijóo ha lanzado un aviso de largo alcance sobre el destino penal del Ejecutivo saliente al asegurar que, si el futuro Fiscal General del Estado formula una querella o acusación contra Pedro Sánchez derivada de los diecisiete sumarios por corrupción que cercan al entorno gubernamental, no intervendrá bajo ningún concepto para frenarla: «Si el próximo fiscal general hace una propuesta penal, no se lo impediré». En clave exterior, el candidato popular ha celebrado con nitidez el revés electoral de los republicanos de Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, destacando que el electorado norteamericano ha frenado la deriva unilateralista, y ha prometido restablecer la firmeza diplomática con Marruecos exigiendo reciprocidad estricta y blindando la seguridad fronteriza de Ceuta y Melilla sin ceder soberanía. En este tablero de alta polarización, donde el PP y Vox ya han articulado un acuerdo operativo en el Senado para blindar mayorías cualificadas frente al bloque oficialista, Feijóo busca maximizar el voto útil de centro-derecha, consciente de que el margen entre gobernar en solitario con apoyos parlamentarios o presidir una coalición bicéfala dependerá de apenas un puñado de escaños en una treintena de provincias clave el próximo 29 de noviembre.
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