El Supremo veta el voto a 163.000 nacionalizados por la ley de nietos en el censo espanol a nueve dias del 29-N

A apenas nueve días de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo ha asestado un vuelco institucional sin precedentes al proceso electoral. Mediante una providencia dictada este viernes por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Alto Tribunal ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) bloquear de forma preventiva el derecho de sufragio a 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la denominada ley de nietos (Ley de Memoria Democrática). La resolución establece taxativamente que la exclusión cautelar no solo se aplica al Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) en el exterior, sino que se extiende con carácter obligatorio al Censo Electoral de Residentes en España (CER), impidiendo que aquellos que ya están empadronados y residen físicamente en municipios españoles puedan acudir a las urnas. ### La doctrina de la sospecha sobre la instrucción consular El origen técnico de esta severa medida radica en la impugnación interpuesta por Vox contra la instrucción del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022. Dicha instrucción ministerial fijó una presunción generalizada de condición de exiliado para cualquier español que hubiera abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, eximiendo a sus descendientes de aportar pruebas documentales individualizadas de persecución política directa. El Supremo, que ya había acordado a principios de noviembre la suspensión cautelar de la inscripción de estos nacionalizados en el censo exterior a la espera de dictar sentencia firme sobre el fondo del recurso, ha dado ahora un paso cualitativo al cerrar cualquier vía de voto ordinario. Los magistrados sostienen que permitir que los nacionalizados residentes en España ejerzan el sufragio mientras sus pares en el extranjero permanecen bloqueados rompería el principio de igualdad ante la ley, pero en lugar de desbloquear a los primeros, han optado por equiparar a la baja la restricción cautelar. De este modo, únicamente 901 personas en todo el mundo —aquellas que lograron que su consulado emitiera un certificado expreso acreditando la persecución y exilio forzoso de sus antepasados antes del cierre del plazo censal— conservarán el derecho a depositar la papeleta. ### El choque entre la Abogacía del Estado y los magistrados La decisión ha desatado una profunda fractura entre el poder judicial y el Gobierno. En sus alegaciones finales, la Abogacía del Estado y la Fiscalía advirtieron de que privar del derecho de sufragio activo a personas que ostentan la nacionalidad española con plenitud de derechos civiles, inscritas de forma legal en el Registro Civil y empadronadas con regularidad, vulnera el núcleo esencial del artículo 23 de la Constitución española. Para el Ejecutivo, la privación cautelar de un derecho fundamental por la vía de una providencia contenciosa, sin que exista una sentencia anulatoria previa de los títulos de nacionalidad, constituye una distorsión de extrema gravedad en las vísperas electorales. Por su parte, los magistrados de la Sala Tercera han respondido con inusual dureza en su providencia, reprochando a la Abogacía del Estado y a la Oficina del Censo Electoral la falta de claridad de sus informes y señalando que sus explicaciones sobre los mecanismos de inclusión censal resultan de dificil comprension. El tribunal prioriza la preservación de la pureza del censo frente al riesgo de que sufragios emitidos bajo una norma reglamentaria potencialmente irregular puedan alterar la legitimidad del resultado parlamentario del 29-N. ### Impacto electoral y fractura del mapa político En términos aritméticos y demográficos, la exclusión de más de 160.000 electores representa un impacto de enorme calibre en provincias con márgenes disputados al milímetro entre bloques ideológicos. En circunscripciones clave como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Asturias —donde se concentra la mayoría de los retornados y descendientes que fijaron su residencia habitual en España tras obtener el pasaporte—, el reparto de los últimos escaños suele dirimirse por diferencias de unos pocos cientos de sufragios. Mientras formaciones conservadoras han celebrado la providencia como una garantía indispensable contra lo que tildan de ingenieria censal expres promovida por el Ejecutivo de coalición, los colectivos de memorialistas, federaciones de descendientes y partidos de la izquierda parlamentaria han denunciado una desposesión arbitraria que sienta un gravísimo precedente de desamparo cívico. A nueve días de la votación, el sistema electoral español afronta una de sus pruebas de estrés más complejas, con miles de ciudadanos excluidos formalmente de las listas mientras sus carnés de identidad siguen plenamente vigentes. ### Fuentes consultadas - [elDiario.es: El Supremo veta también el voto en las elecciones a los nacionalizados por la ley de nietos que viven en España](https://www.eldiario.es/politica/supremo-veta-voto-elecciones-nacionalizados-ley-nietos-viven-espana_1_13680980.html) - [El Mundo: El Supremo exige a la Junta Electoral y la Oficina del Censo que cumplan la orden de dejar sin derecho a voto a los 163.355 nacionalizados](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/20/6b00537121efa0dc428b4583.html) - [Tribunal Supremo: Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta (Providencia de Censo Electoral y Ley de Memoria Democrática)](https://elpais.com/espana/elecciones-generales/2026-11-20/la-distancia-entre-el-pp-y-el-psoe-se-estrecha-al-minimo-pese-a-la-victoria-de-feijoo-en-el-debate.html) ~Espana ~TribunalSupremo ~Elecciones29N ~Justicia ~MemoriaDemocratica

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