La reforma pendiente de los aforamientos vuelve al programa del PSOE tras ocho años y una legislatura marcada por el Supremo

A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ha vuelto a incluir en [su programa electoral oficial para el 29-N](https://www.psoe.es/media-content/2026/11/PROGRAMAPSOE29N26.pdf) el compromiso de suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su función. La promesa reabre el debate sobre la regeneración institucional tras ocho años de gobiernos socialistas sin cambios en la Carta Magna y después de una legislatura marcada por causas de enorme impacto en el Tribunal Supremo y los tribunales superiores. Según recogen [El Mundo](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/16/6afb6a5de85ece5c5a8b457a.html) y [La Voz de Galicia](https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2026/11/17/migracion-vivienda-marcan-dos-polos/0003_202611G17P2991.htm), la fórmula redactada por Ferraz para 2026 calca prácticamente palabra por palabra la de los programas de 2019 y 2023, recuperando un proyecto estrella anunciado por Pedro Sánchez en septiembre de 2018, cuando cumplió cien días en La Moncloa y prometió una reforma constitucional exprés de sesenta días que nunca llegó a superar el bloqueo parlamentario. ### Ocho años de promesas idénticas frente a la realidad de la legislatura La reiteración programática choca frontalmente con la huella judicial de los últimos años, un flanco que [ha sacudido el arranque de la campaña del 29-N](https://www.mushimu.com/post/9373). Durante la legislatura saliente, la prerrogativa procesal que reserva al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de justicia el enjuiciamiento de determinadas autoridades estuvo en el centro de los procedimientos contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ambos condenados en distintas causas por el alto tribunal. A ello se sumó el episodio del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, quien protagonizó un aforamiento exprés para incorporarse a la Asamblea de Extremadura en plena investigación judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tras la renuncia encadenada de varios cargos socialistas—una maniobra en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura apreció fraude de ley. Ese contraste entre el discurso regenerador y el uso defensivo del fuero especial explica por qué la oposición ha convertido la hemeroteca de 2018 en munición de campaña. ### El mapa real de los 250.000 aforados y el obstáculo jurídico Más allá del cruce partidista, el alcance efectivo de cualquier reforma depende de desmontar un mito estadístico habitual en el debate público español. Aunque España suma en torno a 250.000 personas aforadas, más de 232.000 corresponden a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales y autonómicos amparados por leyes orgánicas ordinarias, mientras que cinco pertenecen a la Familia Real y apenas unos 2.000 son cargos políticos, parlamentarios y miembros de ejecutivos autonómicos. Incluso en el terreno estrictamente político, la propuesta socialista —heredera del anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros en noviembre de 2018— limita el recorte a los «delitos ajenos al ejercicio de su cargo», manteniendo intacto el fuero especial para los actos cometidos durante el mandato en el desempeño de funciones públicas. Esa distinción abre un laberinto procesal permanente sobre dónde termina la actividad oficial y dónde empieza la esfera personal en causas de corrupción, tráfico de influencias o financiación. Por si fuera poco, modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución exige mayorías reforzadas de tres quintos en Congreso y Senado —o un referéndum si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras—, además de reformas paralelas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los distintos estatutos de autonomía, el mismo muro con el que ya tropezó en 2014 el exministro popular Alberto Ruiz-Gallardón cuando propuso reducir los aforamientos políticos de 17.621 a apenas 22 altas magistraturas e instituciones. ### El giro del PP y el choque de modelos ante las urnas También el Partido Popular ha reajustado su posición para el 29-N. Tras omitir cualquier mención en su programa de 2023, la formación de Alberto Núñez Feijóo incluye ahora el compromiso de «revisar los aforamientos» para corregir su «extensión excesiva» y devolverlos a una «concepción limitada y justificada» acorde con los estándares europeos, combinando ese guiño institucional con la reforma de la Ley del Indulto para excluir de las medidas de gracia a condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra la integridad territorial. En paralelo, [el programa completo del PSOE](https://www.mushimu.com/post/9377) intenta desplazar el foco hacia el terreno social, incorporando figuras jurídicas inéditas como la «unión de amistad» para amparar redes de cuidados mutuos sin vínculo familiar frente a las deducciones fiscales y cotizaciones por cuidado de familiares que propone el PP. Con todo, la credibilidad de cualquier pacto de regeneración tras el 29 de noviembre dependerá de si los grandes bloques logran transformar por primera vez sus eslóganes de campaña en el consenso de tres quintos que exige la Constitución. ### Fuentes consultadas - [El Mundo (España — Análisis histórico de los aforamientos y contexto judicial)](https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/11/16/6afb6a5de85ece5c5a8b457a.html) - [La Voz de Galicia (España — Comparativa de programas PSOE y PP ante el 29-N)](https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2026/11/17/migracion-vivienda-marcan-dos-polos/0003_202611G17P2991.htm) - [PSOE (España — Programa Electoral Oficial 29-N)](https://www.psoe.es/media-content/2026/11/PROGRAMAPSOE29N26.pdf) ~Spain ~Politica ~Elecciones29N ~Justicia ~Constitucion

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