Feijóo propone una 'ley de nietos' vasca para que los exiliados por ETA voten en las autonómicas: el nudo jurídico de la LOREG y el choque ante el 29-N

En el marco de la intensa campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado en el centro del debate político territorial una propuesta legislativa de alto voltaje: una 'ley de nietos vasca' destinada a conceder el derecho de sufragio en las elecciones autonómicas de Euskadi a todos aquellos ciudadanos que se vieron obligados a abandonar el País Vasco a causa de las amenazas, extorsiones y atentados de la organización terrorista ETA, extendiendo de forma pionera ese derecho censal a sus hijos y nietos con independencia de cuál sea su lugar de residencia actual en España. El anuncio, efectuado durante un acto electoral en San Sebastián junto a dirigentes del PP vasco, busca responder a lo que los populares consideran una «deuda moral y democrática histórica» que pervive en la arquitectura institucional española. Según argumentó Feijóo, la violencia terrorista que golpeó a la sociedad vasca durante más de cuatro décadas no solo segó más de 850 vidas humanas, sino que provocó un éxodo forzoso de miles de ciudadanos cuya marcha alteró de manera estructural el mapa sociopolítico y electoral del País Vasco en favor de las fuerzas nacionalistas e independentistas. Al extender el derecho de voto a los descendientes de los exiliados, el PP pretende revertir los efectos demográficos de la coacción y garantizar que quienes fueron expulsados de su tierra mantengan un vínculo electoral directo con el Parlamento Vasco. ### La ingeniería censal: el nudo jurídico entre el Estatuto de Gernika y la LOREG Pese a la fuerza simbólica del anuncio, la iniciativa se adentra en un terreno jurídico extraordinariamente complejo que ya en el pasado encalló en el Congreso de los Diputados. El principal obstáculo técnico radica en la definición de la condición política de los ciudadanos vascos. Conforme al Artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Gernika y la legislación electoral vigente en España (la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG), el derecho a votar en los comicios a la cámara autonómica está estrictamente vinculado a la vecindad administrativa en alguno de los municipios de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. La única excepción contemplada en el ordenamiento jurídico es el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), reservado en exclusiva para aquellos españoles que han fijado su residencia fuera de las fronteras nacionales. Establecer un censo especial que permita votar en unas elecciones autonómicas a personas empadronadas y con residencia habitual en otras comunidades autónomas —como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Navarra o Castilla y León— requeriría una reforma de calado de la LOREG y, previsiblemente, una modificación del propio Estatuto de Gernika. En 2012, durante el mandato de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior ya encargó informes a la Junta Electoral Central y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para explorar vías similares. Las conclusiones de aquellos dictámenes advirtieron de la severa dificultad de acreditar fehacientemente la causalidad directa entre la amenaza terrorista y el cambio de domicilio, así como del riesgo de vulnerar el principio constitucional de igualdad de voto ante la creación de un estatus electoral extraterritorial dentro del territorio del Estado. ### La controversia demográfica: entre el duelo cuantitativo y la reparación moral La propuesta ha reabierto de inmediato el debate historiográfico y sociológico sobre la magnitud real de la diáspora forzada por el terrorismo. Los estudios académicos han manejado horquillas divergentes a lo largo de los últimos veinte años. Mientras que investigaciones impulsadas por entidades como la Fundación Gregorio Ordóñez y trabajos dirigidos por economistas de la Universidad de Valencia llegaron a estimar que entre 150.000 y 200.000 personas abandonaron Euskadi por motivos directa o indirectamente vinculados a la presión del entorno etarra, informes posteriores promovidos por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco rebajaron esa cifra a una franja de entre 45.000 y 60.000 desplazados directos por persecución ideológica o extorsión del denominado 'impuesto revolucionario'. Al introducir la extensión generacional a hijos y nietos, la iniciativa del PP multiplicaría exponencialmente el censo potencial de beneficiarios, abriendo la puerta a que varias decenas de miles de electores que jamás han residido en la comunidad autónoma pudieran influir de manera determinante en la composición del Parlamento de Vitoria. Para asociaciones de víctimas como Covite y la AVT, cualquier medida orientada al reconocimiento y la compensación del daño demográfico infligido por el terrorismo representa un acto de justicia hacia quienes fueron olvidados durante la construcción de la normalidad institucional. Por el contrario, sectores críticos subrayan que la dispersión temporal y la dificultad de crear un registro fehaciente de exiliados con garantías probatorias convertiría el mecanismo en una fuente inagotable de litigios electorales. ### Choque frontal de bloques ante el 29-N y la batalla por el relato vasco La reacción del tablero político ha evidenciado la fractura irreconciliable que la cuestión territorial y la memoria del terrorismo suscitan en la víspera de las elecciones generales del 29-N. Desde las filas del PSOE y de Sumar, la propuesta ha sido descalificada como un «ejercicio de nostalgia electoral» y una maniobra oportunista dirigida a resucitar el fantasma de una organización armada disuelta hace más de una década para polarizar la campaña y competir por el electorado más conservador frente a la presión de Vox, en un contexto demoscópico donde [el bloque de la derecha busca afianzar su mayoría parlamentaria](https://www.mushimu.com/post/9304). Los socialistas recalcan que la derrota policial y democrática de ETA se cimentó sobre el respeto escrupuloso a la legalidad y que plantear censos a medida socava la estabilidad constitucional. En el País Vasco, tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como EH Bildu han reaccionado con una condena rotunda. La formación jeltzale ha calificado el planteamiento de «injerencia censal recentralizadora» y ha advertido de que cualquier tentativa de adulterar el cuerpo electoral vasco desde Madrid vulnera el pacto estatutario de 1979. Por su parte, la izquierda abertzale ha tildado la medida de «provocación predemocrática», acusando a la cúpula popular de intentar ganar en los despachos judiciales lo que no logra en las urnas autonómicas. La iniciativa de Feijóo ratifica que, en el horizonte del 29-N, el debate sobre la reconciliación, la representación política y el peso de las fuerzas soberanistas en la gobernabilidad estatal continúa siendo uno de los ejes más divisivos de la contienda electoral española. ### Fuentes consultadas - [El País](https://elpais.com/espana/elecciones-generales/2026-11-16/el-pp-propone-una-ley-de-nietos-para-que-los-exiliados-vascos-por-terrorismo-de-eta-puedan-votar-en-las-elecciones-autonomicas.html) - [ABC](https://www.abc.es/espana/feijoo-propone-ley-nietos-vasca-voten-exiliados-20261116093459-nt.html) - [El Confidencial](https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-16/feijoo-ley-nietos-vasca-exiliados-eta_4465699/) ~Spain ~Politica ~PaisVasco ~Elecciones29N ~Justicia

Feijóo propone una 'ley de nietos' vasca para que los exiliados por ETA voten en las autonómicas: el nudo jurídico de la LOREG y el choque ante el 29-N
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