Nos vamos a elecciones el 29 de noviembre

Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. Oficialmente, lo hace después de perder en el Congreso los dos decretos de vivienda y alegando que necesita una mayoría progresista más amplia para poder seguir gobernando. Pero hay una parte de la jugada que merece bastante atención. El viernes, el Congreso rechazó los decretos de vivienda del Gobierno. Ahora Sánchez disuelve las Cortes y el Ejecutivo pretende aprobar de nuevo medidas similares mediante decreto-ley. ¿La diferencia? Ya no tendrán que enfrentarse al Pleno del Congreso que acaba de rechazarlas, sino a la Diputación Permanente, donde PSOE, Sumar y sus aliados tienen una aritmética más favorable y pueden sacar adelante al menos parte de las medidas sin necesitar a Junts. ¿Es ilegal? No. El artículo 78 de la Constitución contempla expresamente que, cuando las Cámaras están disueltas, la Diputación Permanente asuma determinadas funciones del Congreso, incluida la convalidación de decretos-ley. Ahora bien, políticamente la maniobra es como mínimo llamativa: pierdes una votación en el Congreso y, apenas unos días después, disuelves ese Congreso y vuelves a llevar medidas similares ante un órgano mucho más pequeño cuya composición te resulta más favorable. Y luego está la pregunta inevitable: ¿por qué elecciones precisamente ahora? El Gobierno llega al adelanto con la legislatura prácticamente bloqueada, sin mayoría estable y después de perder una votación que consideraba fundamental. Pero también con un horizonte judicial muy incómodo. Begoña Gómez ya ha sido enviada a juicio por tráfico de influencias y malversación, aunque todavía no existe fecha para la vista oral y las estimaciones la sitúan previsiblemente en 2027. No hay ninguna prueba de que Sánchez haya adelantado las elecciones por los tribunales, y afirmar eso como un hecho sería especular. Pero sí es legítimo preguntarse si Moncloa ha concluido que este es el momento menos malo para votar: antes de que sigan avanzando determinadas causas judiciales, aprovechando que la vivienda domina ahora el debate político y convirtiendo una derrota parlamentaria en el inicio de una campaña electoral. Y, de paso, con la posibilidad de rescatar mediante la Diputación Permanente parte de aquello que el Congreso acaba de tumbar. Legal, sí. Políticamente discutible, también. Y desde luego merece que se explique con bastante más detalle de lo que estamos escuchando.